Parece que, tanto las
ofertas de empleo público como las convocatorias de oposiciones de las que
derivan, van a quedar reducidas a la mínima expresión durante un periodo de
tiempo prolongado. Los motivos son obvios. Las exigencias de la UE, en lo
que atañe al déficit de todas las administraciones públicas y los rigores
presupuestarios que demanda el gobierno central para cumplir con
tales exigencias, junto a la evolución desfavorable de
la deuda del sector público, han dado lugar, entre otras
medidas, a la imposición, de una tasa de reposición de efectivos del 10%
de las jubilaciones que se produzcan en las distintas administraciones. Se
trata de una pauta que deben observar todas las administraciones
públicas aunque, muy probablemente, alguna comunidad autónoma podría
ignorar esta directriz con ocasión de procesos electorales de ámbito autonómico.
En esta línea,el
BOE del día 26 de diciembre publica la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 (LPGE), cuyo art.21 se expresa
taxativamente cuando señala al respecto que No se procederá a la incorporación de nuevo
personal (art. 21. Uno.1).
Excepcionalmente
se admite una tasa de reposición del 10% en ciertos sectores y administraciones
consideradas prioritarios (art. 21.Uno.2 y disp. adic. 18ª), interesando en
particular la aplicación de esta previsión a las Administraciones Públicas con
competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud
del Sistema Nacional de Salud [letra B)] y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Se mantienen las restricciones a la contratación de
personal temporal y al nombramiento de funcionarios internos, salvo en casos
excepcionales y vinculados a necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales (art. 21.Dos). Junto a estas
previsiones normativas, la delicada situación
financiera que atraviesan Comunidades Autónomas y Ayuntamientos augura
pues un largo periodo de
"sequía" en el empleo público.
Parece que, tanto las
ofertas de empleo público como las convocatorias de oposiciones de las que
derivan, van a quedar reducidas a la mínima expresión durante un periodo de
tiempo prolongado. Los motivos son obvios. Las exigencias de la UE, en lo
que atañe al déficit de todas las administraciones públicas y los rigores
presupuestarios que demanda el gobierno central para cumplir con
tales exigencias, junto a la evolución desfavorable de
la deuda del sector público, han dado lugar, entre otras
medidas, a la imposición, de una tasa de reposición de efectivos del 10%
de las jubilaciones que se produzcan en las distintas administraciones. Se
trata de una pauta que deben observar todas las administraciones
públicas aunque, muy probablemente, alguna comunidad autónoma podría
ignorar esta directriz con ocasión de procesos electorales de ámbito autonómico.
En esta línea, el
BOE del día 26 de diciembre publica la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 (LPGE), cuyo art.21 se expresa
taxativamente cuando señala al respecto que No se procederá a la incorporación de nuevo
personal (art. 21. Uno.1). 
Excepcionalmente
se admite una tasa de reposición del 10% en ciertos sectores y administraciones
consideradas prioritarios (art. 21.Uno.2 y disp. adic. 18ª), interesando en
particular la aplicación de esta previsión a las Administraciones Públicas con
competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud
del Sistema Nacional de Salud [letra B)] y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Se mantienen las restricciones a la contratación de
personal temporal y al nombramiento de funcionarios internos, salvo en casos
excepcionales y vinculados a necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales (art. 21.Dos). Junto a estas
previsiones normativas, la delicada situación
financiera que atraviesan Comunidades Autónomas y Ayuntamientos augura
pues un largo periodo de
"sequía" en el empleo público.
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