viernes, 17 de enero de 2014

Tiempos difíciles para el empleo público



Parece que, tanto las ofertas de empleo público como las convocatorias de oposiciones de las que derivan, van a quedar reducidas a la mínima expresión durante un periodo de tiempo prolongado. Los motivos  son obvios. Las exigencias de la UE, en lo que atañe al déficit de todas las administraciones públicas y los rigores presupuestarios que demanda  el gobierno central para cumplir con tales exigencias, junto a  la evolución desfavorable de la deuda del sector público, han dado lugar, entre otras medidas, a la imposición,  de una tasa de reposición de efectivos del 10% de las jubilaciones que se produzcan en las distintas administraciones. Se trata de una pauta que deben observar todas las administraciones públicas aunque, muy probablemente, alguna comunidad autónoma podría ignorar esta directriz con ocasión de procesos electorales de ámbito autonómico.  En esta línea, el BOE del día 26 de diciembre publica la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (LPGE), cuyo art.21 se expresa taxativamente cuando señala al respecto que No se procederá a la incorporación de nuevo personal (art. 21. Uno.1). 

Excepcionalmente se admite una tasa de reposición del 10% en ciertos sectores y administraciones consideradas prioritarios (art. 21.Uno.2 y disp. adic. 18ª), interesando en particular la aplicación de esta previsión a las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud [letra B)] y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal temporal y al nombramiento de funcionarios internos, salvo en casos excepcionales y vinculados a necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales (art. 21.Dos). Junto a estas previsiones normativas, la delicada situación financiera que atraviesan Comunidades Autónomas y Ayuntamientos  augura pues  un largo periodo de "sequía" en el empleo público.

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